La situación con la COVID-19 empeora cada día. Ya atenta una tercera ola y no se ve la luz al final del túnel. En este sentido, la pandemia mostró las costuras del sistema nacional de salud en España. No fue suficiente la maquinaria sanitaria existente para hacer frente a esta pandemia, y ya se alcanzan cerca de las 49.824 personas fallecidas.

El sistema sanitario en España dio muestras de una alta fragilidad. En este año 2020 hubo el mayor exceso de mortalidad en la historia reciente del país. Los datos reflejados por el INE, el Ministerio de sanidad (solo casos COVID-19) o el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) son alarmantes.

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Se han confirmado con pruebas de infección activa, en los meses de pandemia alrededor de 1.854.951 casos de coronavirus. Y han fallecido cerca de 50.000 personas a los últimos de diciembre. En mayor cantidad en la primera oleada de la pandemia. Pues los fallecidos por la COVID-19 alcanzaron los 111.253 solo entre 10 de marzo y 9 de mayo, según el MoMo.

Y entre el 20 de julio y el 15 de diciembre hubo 177.667 personas fallecidas. Mientras que el Ministerio de sanidad, reportó entre finales de marzo y principios del mes de abril 900 muertes diarias.

Por otra parte, el INE maneja una cifra mayor a la de Sanidad y del MoMo. Ha contabilizado 231.014 muertes, lo que indica un 23,2 % más fallecidos. Esto representa 43.537 muertes más que en 2019 en el mismo período. Mientras que en enero y febrero las muertes bajaron un 4,3%, pero aumentaron 44,8% en marzo, abril y mayo.

Comenzaron las medidas preventivas

En marzo se comenzaron a tomar medidas preventivas en las tres provincias donde era mayor la incidencia de casos. Así, Madrid, La Rioja y Álava, cerraron las escuelas por dos semanas y no permitieron la celebración de eventos donde asistieran más de 100 personas. Luego Cataluña siguió el ejemplo y cerró su perimetral.

Con este escenario donde los casos aumentaban cada día, el gobierno el 14 de marzo declaró estado de alarma. Ya los casos por coronavirus eran más de 6.000 y a finales de marzo alcanzó la cifra de 9.222 contagiados y 900 muertes en 48 horas.

Ahí comenzó la improvisación. No había camas suficientes para atender a todos los pacientes, ni morgues para ubicar a los fallecidos. Y los licenciados pendientes por el MIR, fueron llamados a presentarse con urgencia ante un posible colapso sanitario. Asimismo, los hoteles, se acondicionaron para atender pacientes no graves.

Con el estado de alarma, se cerraron fronteras, se suspendieron las actividades no esenciales y toda la población estaba confinada en sus casas. Solo era permitido salir para comprar alimentos y productos de higiene, algunos acudían al trabajo y para algunas otras actividades estrictamente necesarias.

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En ese momento ya se tenía claro que la situación era de mayor magnitud de lo que la maquinaria instalada de sanidad podía manejar. El Congreso ya había dado dos prórrogas al estado de alarma y a finales de abril se ordena la desescalada.

Se aligeran las medidas restrictivas

El 28 de abril inicia el período de reducción del confinamiento y las medidas restrictivas. Y se diseñó un plan para aplicar en cada región, considerando la situación particular de la comunidad. Este plan se aplicaría entre el 4 de mayo y el 8 de junio. Así, se establecieron horarios para salir y desplazarse a otros lugares.

El verano se presentó con relativa normalidad, hasta que después del período estival hubo un nuevo repunte de contagios con la COVID-19. Y la pandemia continuó en alza en todo el país. Asimismo, la segunda ola ha dejado una gran cantidad de fallecidos y hay la amenaza de una tercera ola de coronavirus.

Hay nuevamente estado de alarma hasta el 9 de mayo del año que viene. Además del toque de queda nocturno, las perimetrales permanecen cerradas y se mantienen las restricciones a la población. Sin hablar de la economía del país que está completamente inestable y vulnerable.

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Las últimas semanas han bajado los nuevos casos, pero la incidencia acumulada supera nuevamente los 253,7 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que lo recomendado por la OMS es de 25 casos por cada mil habitantes. La meta que España espera alcanzar al aplicar la vacuna a la población.